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Cuando aún se estaba recuperando de la fortísima crisis de 2008 y empezaba a recoger los primeros frutos de un profundo replanteamiento, el sector de la construcción en España vuelve a enfrentarse a otra profunda desaceleración. Esta vez bien diferente, más abrupta y de distinto origen. Pero el alcance de la crisis generada por el coronavirus, si bien es difícil de valorar, ya se estima que acabará por destruir empleo a todos los niveles, desde el trabajo a pie de obra como en el resto de profesiones que intervienen hasta que el comprador recibe las llaves.
Porque precisamente han sido los compradores en potencia los primeros en echar el freno, según cuenta Juan Carlos Bandrés, presidente de la asociación de constructores y promotores de Aragón: “Estábamos en una fase de búsqueda de la normalidad, de empezar a obtener beneficios tras unos años realmente duros, de mucho esfuerzo. Lo que nos hemos encontrado de repente ha sido una crisis inesperada en la que la economía se ha frenado de la noche a la mañana. Y la inmensa mayoría de las personas que tenían en su horizonte cercano la compra de un inmueble han borrado ese planteamiento, ha dejado de ser una prioridad para ellos. Ya notamos que se están paralizando las ventas del año que viene”.
Las obras en marcha no han parado y seguirán su marcha, pero desde la patronal se teme una severa paralización a medio plazo. “El sector, por su estructura, seguía siendo endeble y todavía no se había recuperado de la anterior crisis, y eso que en la anterior tuvimos, por decirlo de algún modo, dos años de caídas continuadas y, por qué no reconocerlo, el sector promotor tuvo su parte culpa. Este freno es de otra naturaleza y genera una gran inquietud”, reconoce Bandrés.
La caída del consumo y de la adquisición de vivienda tendrían, como es evidente, consecuencias en el mercado laboral. “Lamentablemente tenemos un ejemplo todavía bien reciente y podemos prever despidos de aquí a dos meses como no haya una reactivación, una recuperación rápida. Lo mismo ocurrirá con todas las microempresas, pymes y autónomos que forman parte de la cadena”, explica el presidente de los constructores aragoneses, quien opina que “si el sector financiero se ve afectado, también tendrá su efecto en nuestro ámbito de negocio, si bien en estos momentos las condiciones a nivel crediticio e hipotecario son bien distintas a las de 2008, mucho más realistas”.
Una herramienta que no está disponible para las empresas del ámbito de la construcción es el ERTE habilitado por el Gobierno central mediante Real Decreto. “Varios empresarios de la Comunidad me han consultado por esta medida, pero nos encontramos con que en los casos en que se ha pedido aplicarla se ha denegado ya que no se entiende que el nuestro sea un sector de riesgo”, revela el presidente de la patronal.
Protocolos de seguridad
En el contexto de la pandemia por coronavirus, varias constructoras aragonesas están extremando las medidas para evitar contagios, aplicando severos protocolos de seguridad. El Ayuntamiento de Zaragoza, donde se concentran la mayor parte de las obras en marcha, no ha activado ahora una campaña de inspección como sí ha hecho Madrid, ni ha paralizado las obras públicas y privadas como en la ciudad de Barcelona. “Estamos vigilantes para que se cumpla la legalidad vigente e intervendremos si detectamos algún caso en que se incumplan las medidas especiales”, apunta el concejal de Urbanismo de la capital aragonesa, Víctor Serrano.
En las construcciones se concentran en algunos casos hasta cuarenta trabajadores de distintos gremios, si bien desde la patronal se considera “más que posible” que se coordinen “respetando las distancias y demás medidas obligatorias”. Algunas promotoras han cerrado los comedores habilitados para los trabajadores.
Jornadas continuas
Por otro lado, UGT, CC. OO y la Federación de Empresarios de la Construcción de Zaragoza (Fecza) han acordado este jueves recomendar a las empresas del sector de la construcción y afines -derivados cemento y prefabricados- que sus trabajadores se acojan a jornadas continuadas durante el periodo de estado de alarma. El objetivo es «limitar los desplazamientos a los centros de trabajo y e intentar paliar, en la medida de los posible, las carencias de servicios que están teniendo los trabajadores del sector».
Los trabajadores que se desplazan a las obras desde puntos diversos y lejanos de la provincia, además de encontrar dificultades para el desplazamiento en vehículos particulares, que no pueden compartir, se encuentran con otros añadidos como el cierre de establecimientos hosteleros, para servicios de comidas o alojamiento. En la provincia de Zaragoza, esta medida podría afectar a más 20.000 trabajadores y contribuir así a que se continúe la actividad productiva del sector, con la responsabilidad que conlleva el estricto cumplimiento del estado de alarma.
Fuente: Heraldo.es
20/03/2020