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La plataforma antimorosidad denuncia que hay más de 130.000 millones en facturas fuera del plazo legal.
El colectivo reclama el pago de las deudas comerciales públicas y privadas como vía para salvar empresas.
«No podemos pedir a las empresas que se endeuden cuando su dinero lo tienen las administraciones públicas y, muchas veces, sus clientes». Esta afirmación de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), refleja el sentir de las pymes ante la propuesta de créditos avalados por el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para paliar su mayor problema por la caída de ingresos durante el estado de alarma por la pandemina del coronavirus: la falta de liquidez.
La solución, a juicio de esta organización, que representa a más de un millón de pymes y autónomos, sería fácil y sin costes: que las administraciones y muchas de las grandes compañías que cotizan en la bolsa pagaran los más de 130.000 millones de euros que les adeudan con facturas fuera de los 30 días de plazo legal para el sector público y 60 para el privado, según los datos del ministerio de Hacienda y de las empresas que cotizan en bolsa.
La plataforma propone al Gobierno un real decreto que obligue a las administraciones y a las grandes compañías a saldar las facturas que tienen fuera de los plazos legales con proveedores y subcontratas, lo que consituiría una importante inyección de liquidez. Otra iniciativa consiste en reformar la ley de estabilidad presupuestaria para liberar 12.000 millones de remanente que tienen los ayuntamientos en los bancos y que no pueden emplear, aunque quieran pagar en plazo, para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria.
Una deuda pendiente
Al final, recuerda la plataforma, hay una deuda que el Estado tiene que pagar y «ahora sería el momento». «Es como un banco de sangre con facturas pendientes (8.700 millones que pasan de los 30 días) y 122.000 millones de las grandes empresas y el remanente de los municipios que inyectaria liquidez a las empresas. Pedimos al Estado que libere estos recursos y obligue a las grandes empresas a pagar», sentencia Cañete.
En estos momentos una solución de este tipo sería como dar de beber al sediento, oxígeno al que se asfixia o sangre al que se desangra, afirman. Y en lugar de tomar medidas de este tipo que, a su juicio «salvarían a muchas empresas» invitan a recurrir al crédito. «Me deben dinero y tengo que pedir prestado al 4% o más», resumen.
Un caso real refleja mejor la situación. Es el de Jordi Dalmau, director general de Solutioma, una empresa dedicada a la contención de desprendimientos de rocas en infraestructuras y la estabilización de terrenos. En la actualidad entre las administraciones y constructoras medianas y grandes tiene unos dos millones de euros en facturas pendientes de cobro, lo que supone un tercio de su facturación. Y en esa parte no se contabiliza el ‘confirming‘. Mediante este sistema, que consiste en ceder a una entidad financiera la gestión del pago a proveedores, que pueden cobrar antes del plazo legal a cambio de intereses y comisiones que en muchos casos los grandes contratistas, por su mayor poder de negociación, fuerzan a los subcontratistas a pagar.
Ley del 2010
Dalmau, que es también presidente de la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET), socio de Pimec, la Plataforma Pymes, l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals y del Gremi de Jardineria de Catalunya, afirma que las firmas de la entidad que preside han llevado a cabo trabajos por importe de 15 millones en los últimos tres meses y aún les deben 13,5 millones entre las administraciones y las constructoras. De los 60 millones que facturan todos los asociados solo cobran un 30% en los plazos establecidos por la ley 15/2010.
A su juicio esta irregularidad solo se puede solventar con un régimen sancionador de la ley antimorosidad, pendiente desde hace años; y aplicando «la opción de pago directo por parte de la administración a los contratistas, cosa que permite la ley de contratos con el sector público 9/2017 y que ya preveían las directivas euro 2014/23/UE y 2014/24/UE per apoyar a las pymes».
Como mayoría de pymes y autónomos afirma además que los préstamos avalados por el ICO tardan en conseguirse, al menos para las pymes. «Hacia finales de marzo lo solicitamos en el banco, que lo concedió, pero sigue pendiente del ICO», destaca. La otra gran patronal catalana, Foment del Treball, también lo ha denunciado.
A nivel europeo
En todo caso insisten en que la crisis de liquidez actual tendría una solución más fácil y menos gravosa e insisten en la responsabiidad de las grandes contratistas. Es un clamor al que se ha sumado Alban Maggiar, presidente de SME United, la patronal europea de pymes, quien llamaba hace unos días a las grandes compañías a evitar acumular reservas a costa de demorar los pagos a las subcontratas y proveedores.
Cañete, que también es secretario general de Pimec, recuerda a su vez la necesidad de que los ayuntamientos puedan emplear sus excedentes. De hecho, el Gobierno central ya se ha fijado en el supéravit de casi 30.000 millones que acumulan los entes locales en los últimos ocho años para financiar los costes de la crisis provocada por el coronavirus. Un primer paso fue permitir usar el 20% del excedente del 2019 para dedicarlo a financiar gasto social.
De momento, el Estado ya ha empleado la mitad de los recursos destinados a políticas activas que debían ir a las autonomías. Hace unas semanas ya se comunció a las comuinidades que se repartirán 1.048 millones de euros, frente a los 2.020 millones asignados en el ejercicio anterior.
FUENTE: ElPeriodico
18/04/2020
